En la actualidad la reglamentación de la Ley 27.191 y el Plan RenovAr favorecen el despegue de las fuentes limpias. Trayendo como resultado, nuevos desafíos y oportunidades para las pymes.

La Ley 27.191 de Energías Renovables fue aprobada en 2015 por unanimidad y reglamentada en marzo pasado. En el 2006 surgió la Ley 26.190, como intento previo para impulsar estos emprendimientos. En la actualidad, la incidencia de las fuentes renovables (eólica, solar, biomasa y mareomotriz, entre otras) en la matriz energética nacional es muy baja, menor al 2%.

Esa proporción se busca llegar al 8% para el 31 de diciembre de 2017 (con fiscalización un año más tarde) y al 20% para 2025. En este contexto, el 18 de mayo, el gobierno nacional anunció el Plan RenovAR, para la construcción de nuevas fuentes de energías renovables. A partir del mismo se abrirá una licitación pública para la incorporación de 1.000 megavatios (Mw) de potencia, que se sumarán a la oferta eléctrica del país, en un plazo de hasta 24 meses, con una inversión estimada de entre u$s 1.500 y 2.000 millones.

Argentina está ubicada entre los países con mayores posibilidades de explotar las energías renovables por el tipo de vientos fuertes y constantes que hay en buena parte del sur del país. «Estamos entre los principales países del mundo para generarla», dijo Macri.

Hay que destacar el alto nivel de compromiso que el nuevo gobierno está mostrando con el tema, elemento indispensable para llevar adelante los proyectos que comenzaron a delinearse en los últimos años. “Se está constituyendo una política de Estado”, sostiene Omar Díaz, socio de KPMG responsable de Energías Renovables, al tiempo que explica que, para llegar a la meta inicial del 8%, “se necesitan unos 2.000 Mw de potencia adicional, lo que implica más o menos u$s 4.500 millones de inversión”.

La nueva ley es superadora del esquema anterior. “Hay una estructura diferente en materia de financiamiento y garantías. La otra ley creó un fondo que nunca se llegó a materializar y no sirvió para dar financiamiento. “El clima de negocios actual es ideal para poder promover estas inversiones y alcanzar las metas. Ell Fondo Fiduciario de Energías Renovables (Foder), tiene una cuenta para préstamos y garantías, y ya se destinaron $ 12.000 millones para constituirlo”, profundiza Díaz. Además subraya la amplia gama de beneficios fiscales para las empresas del sector que establece la nueva norma, como la posibilidad de acceder a una amortización acelerada en el impuesto a las ganancias y en la devolución anticipada de IVA, la extensión del período previsto para la compensación de quebrantos hasta los 10 años, y la eximición del impuesto adicional del 10% sobre la distribución de dividendos a las sociedades, entre otros.

Lo más importante es el Foder, asegura Mathias Thamhain (coordinador académico del Programa de Gestión de Proyectos de Energías Renovables de la Universidad de San Andrés y managing partner de EAPC Sur), que destina fondos y garantías de pago a los proyectos. Si se lograra un respaldo internacional a este fondo de garantía, lo que no está establecido en la ley pero parece factible durante la gestión Macri, esto va a atraer inversores que la ley anterior no supo cautivar”. De todos modos, el experto advierte que persisten algunos desafíos técnicos, aunque “ninguno insalvable”, y destaca la apuesta actual del gobierno para crear las condiciones que faciliten inversiones.

Los empresarios pymes del sector se expresan de un modo similar a la hora de describir el contexto actual, y enfatizan la importancia de que se facilite el financiamiento, mediante, por ejemplo, la disponibilidad de garantías para acceder a créditos. La ley 26.190 tenía todas las de ganar, pero las condiciones económicas y políticas no acompañaban. Los inversores extranjeros no podían ni llevarse dividendos. La inversión estaba completamente congelada”, apunta.

La ley 27.191, establece que, para fines de 2017, al menos un 8% del suministro energético de los grandes consumidores argentinos (aquellos con una potencia contratada mayor a los 300 Kw) debe provenir de fuentes renovables. Esta obligación lleva a que aparezca un nuevo actor, el “Gran Usuario”, quien tiene la opción de contratar esta energía de manera directa desde las fuentes. “Se crea, así, un nuevo mercado similar a lo que ha ocurrido en otros países como México y Chile”, explica Thamhain. Las expectativas que genera el nuevo contexto también quedan en evidencia en la mayor demanda de capacitación en un tema en que la mayoría de los involucrados parecen estar inmersos en un proceso de aprendizaje y experimentación. Ejemplo de ello es el programa de Dirección de Proyectos de Energías Renovables del Centro de Educación Ejecutiva de la Universidad de San Andrés, coordinado por Thamhain.

Definiendo bien el proyecto y controlando sus variables se puede obtener un contrato de venta de energía por 15 o 20 años, por lo que no hace falta preocuparse de a quién y a cuánto se la vende.

Fuente: La Nueva // Cronista